Para que se cumplan las obligaciones que tiene la Administración Pública en cuanto al operar de forma eficiente, de facilitar la vida a los ciudadanos, de mejorar la competitividad sistémica del país, de apoyar la apertura de nuevos negocios y de garantizar el acceso efectivo a servicios públicos, se ha puesto a disposición la ley que establece normas para la optimización y eficiencia de los trámites administrativos.